Ejército colombiano en la picota pública por atroz asesinato
Por Alberto Corona Bogotá.- La violación de dos niñas y el espeluznante asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanos menores sumerge hoy nuevamente al Ejército colombiano en la desvergüenza ante la opinión pública nacional e internacional. Muertos a punta de machete el pasado 14 de octubre en una zona rural del departamento fronterizo de Arauca, al parecer a manos del subteniente Raúl Muñoz, el escalofriante crimen mantiene conmocionada a la sociedad colombiana. Yenny Torres, de 14 años, Jimmy y Jeferson, de nueve y seis años de edad, respectivamente, fueron asesinados y enterrados en dos fosas entre los matorrales cercanos a la cabaña donde vivían. En sus cuerpos, hallados dos días después por los vecinos del lugar, indicios de tortura desnudaron aún más la imagen de la barbarie, que sobrepasa cualquier calificativo. Las necropsias realizadas por Medicina Legal en el departamento de Arauca indican que la niña fue violada y asesinada. Murió por un "shock hiperbólico" producido por una serie de lesiones contundentes en el cuello y el tórax perpetradas con arma cortopunzante, mientras sus dos hermanos menores sufrieron traumas "de un arma cortocuntundente (sic) en el cráneo, tórax y abdomen", señala el informe forense, citado por la revista Semana. La población de Arauca, consternada e indignada, acompañó masivamente el funeral de los tres niños, al tiempo que el padre, Álvaro Torres, y sus vecinos señalaron como responsables a los militares que patrullaron la zona el día de la tragedia. Así, tras varios días de investigación, a raíz de la denuncia y del impacto que tuvo en la sociedad tan atroz crimen, todos los indicios condujeron al subteniente Muñoz, quien confesó la violación de dos niñas, entre ellas una de los tres hermanos asesinados. En tanto, las autoridades investigan a unos 60 militares de dos batallones que operaban cerca del lugar donde se produjo el múltiple crimen, mientras otros ocho uniformados fueron destituidos por fallas en los procesos de control y mando de personal. Si bien el gobierno y los altos mandos militares condenaron los hechos y pidieron perdón a las familias de las víctimas, un desconsolado padre ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable. Aún está presente en la memoria colectiva el escándalo que envuelve al Ejército colombiano, luego que hace dos años fueran reveladas a la opinión pública prácticas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados, en hechos considerados como crímenes de Estado, eufemísticamente conocidos aquí como "falsos positivos". Dicho escándalo estalló en octubre de 2008 por denuncias en la prensa, y si bien fueron destituidos varios generales y oficiales del Ejército, las investigaciones permanecen estancadas hasta la fecha. El pasado año, durante una visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston afirmó que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en este país. En su opinión, la política de incentivos del gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles perpetrados y hechos pasar como guerrilleros muertos en combates. Asimismo, expertos locales consideran que en el Ejército persisten ciertos elementos que permiten y facilitan la ocurrencia de los hechos mencionados, como falta de control y reglas claras. Paralelo a ello, la confianza en el sistema judicial nacional está resquebrajada, pues de más de mil 200 militares involucrados en asesinatos de civiles, hasta hoy sólo 60 han recibido algún tipo de condena.
De ahí que a la luz de los hechos, muchos se pregunten hoy cuántos Yenny, Jimmy y Jeferson habrá por los campos y ciudades de Colombia reclamando justicia.
