Colombia: una estocada a la paz

Por Alberto Corona

Bogotá.- "Se está criminalizando la labor humanitaria, se está criminalizando la tarea de la paz", fue la advertencia lanzada por la senadora colombiana Piedad Córdoba a la opinión pública nacional e internacional al responder a un fallo en su contra.

Admirada por muchos y censurada por otros, la congresista liberal calificó como muy grave para una democracia que se use garrote para quienes no comparten la manera de funcionar de un Estado, en este caso, el Estado colombiano.

Córdoba salió así al paso a una sentencia emitida por la Procuraduría General de la Nación, la cual la destituye e inhabilita por 18 años por presunta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En una rueda de prensa ofrecida ante medios de comunicación locales y extranjeros acreditados en el país, la parlamentaria denunció que la decisión del ministerio público responde a una persecución en su contra por el simple hecho de pensar distinto.

Sostuvo que toda la ofensiva de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (policía secreta colombiana), la INTERPOL, la CIA y la DEA son una muestra fehaciente de su inocencia.

Córdoba también alertó que la paz no se puede dejar al capricho de unos y otros; "la paz es la justicia, es el reconocimiento de las instituciones en una sociedad". A su vez, anunció que continuará con su labor para lograr la libertad de los retenidos por la FARC, aunque señaló que la decisión de la Procuraduría va a minar las posibilidades de trabajar de manera incansable.

No obstante, la líder del grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombianos por la Paz aseguró que el referido fallo no la va a amilanar y que jamás dejarán solo a los prisioneros y sus familias al indicar que incluso de llegar a la cárcel insistirá en la necesidad de la humanización; "la paz es mi compañera de vida", apostilló.

Por otro lado, la senadora subrayó que la investigación disciplinaria adelantada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.

Córdoba señaló que quien temerariamente la acusa y sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones en diversos temas políticos y sociales colombianos, al punto de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.

"Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años", manifestó.

En tanto la reacción nacional e internacional frente al fallo contra la reconocida congresista no se hizo esperar.

Desde Bruselas, el eurodiputado y Coordinador Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer, calificó la sanción como un ataque directo a la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado interno de Colombia.

Meyer también consideró que el citado fallo es una "provocación inadmisible y antidemocrática", y subrayó que Córdoba es un símbolo de la vía pacífica de negociación.

Por otra parte, para el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel la medida es terrible y un riesgo democrático para Colombia y América Latina, mientras la senadora chilena Isabel Allende se declaró "bastante sorprendida" al manifestar que el fallo le resulta incomprensible.

Asimismo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, lamentó la destitución de Córdoba e indicó que está seguro de su inocencia.

"Si algo ama Piedad Córdoba es la paz, y yo igual que ella, pero ella ama más y anhela más la paz de Colombia que yo por supuesto. Yo estoy absolutamente seguro que Piedad Córdoba es inocente", dijo, citado por medios locales de prensa.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano manifestó su preocupación por la situación a través de su canciller, Ricardo Patiño, quien no obstante señaló que su país respeta las decisiones internas de cada nación.

A lo interno el ex presidente colombiano Ernesto Samper, familiares de prisioneros de las FARC, así como aquellos que fueron liberados, políticos, activistas de derechos humanos y ciudadanos en general se solidarizaron con la senadora y expresaron inquietud frente a la medida por el peligro que supone en el proceso de hallar una solución al conflicto interno.

Me preocupa que de ahora en adelante las gestiones humanitarias sean consideradas actos criminales, dijo Samper al referirse a la sanción del ministerio público.

El ex gobernante (1994-1998) sostuvo que para nadie es un secreto que la congresista realizó gestiones con las FARC para la liberación de prisioneros.

"Cuando liberaba secuestrados era una heroína, pero cuando se sabe que tuvo que hacer contactos con la guerrilla, es una criminal", apuntó.

Samper también advirtió que a futuro nadie querrá adelantar tareas humanitarias si prospera el fallo contra la parlamentaria, reconocida nacional e internacionalmente por su labor en aras de hallar una solución al prolongado conflicto armado interno que azota a su país.

No se puede criminalizar a quienes adelantan la búsqueda de la paz, remarcó.

Esta no es la primera ocasión que contra Córdoba se lanzan este tipo de acusaciones, lo que para muchos constituye una persecución orquestada por el anterior gobierno del presidente Álvaro Uribe por sus posiciones políticas, pero sobre todo una estocada a la paz que tanto anhela Colombia.

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