Colombia: una guerra medida por litro de sangre

Por Alberto Corona

Bogotá.-Revelaciones divulgadas por un oficial del Ejército colombiano en torno a procedimientos criminales contra civiles amenazan hoy con colocar nuevamente a la institución castrense en la picota pública.

Según un artículo publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en su página digital, el teniente Edgar Iván Flórez dio cuenta a las autoridades de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares.

Flórez, quien es procesado por su presunta responsabilidad en la ejecución sumaria de un campesino en el departamento de Antioquia, en julio de 2008, reveló como los soldados son incitados a cometer actos criminales contra civiles.

"Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida".

Con esas palabras aleccionaba a sus tropas el teniente coronel Wilson Ramírez, adscrito a la Brigada XIV del Ejército, según declaró Flórez en una diligencia de queja presentada en Medellín a la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2009.

Flórez, según su versión -citada por el artículo- se entregó a la justicia una vez supo que había en su contra una orden de captura.

Su intención, agrega el texto, fue esclarecer los crímenes cometidos en dicha guarnición militar, "para que no queden en la impunidad y con la única voluntad de que se haga justicia".

Para el Colectivo de Abogados, afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos, la declaración del teniente cobra importancia hoy cuando se hace trámite en el Congreso un proyecto de ley dirigido a blindar a los militares ante la justicia.

A través de esa iniciativa se pretende que el Estado defienda a aquellos uniformados, activos o en retiro, que sean denunciados en la Corte Penal Internacional por delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En tanto, el artículo refiere tres asuntos concretos que Flórez puso sobre el tapete con sus revelaciones, pese a las amenazas que pesan sobre su vida y al temor de que algo le pueda pasar a su familia.

Entre estos menciona las presiones que recibían los militares desde los altos mandos para obtener resultados operacionales, el modus operandi para legalizar las muertes de civiles, que incluía la elaboración de misiones tácticas falsas.

A lo que se añaden los incentivos para aquellos que ocasionaran más "bajas", el manejo de dinero de gastos reservados y la estrategia jurídica impulsada desde el Ministerio de Defensa para defender a quienes fueran vinculados a investigaciones penales por este tipo de asesinatos.

En los últimos años y hasta la fecha, el ejército colombiano se ha visto involucrado en diversos escándalos, desde que en 2008 fuera revelado por la prensa denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados por los uniformados como muertos en combate.

Escándalo que se conoce aquí eufemísticamente como "falsos positivos" (entiéndase ejecuciones extrajudiciales), y que involucraron al actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando estuvo al frente del Ministerio de Defensa durante el Gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe, sobre quien pesan diversas acusaciones.

Ya el pasado año, durante una visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston advirtió que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en este país.

En su opinión, la política de incentivos del Gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles hechos pasar como guerrilleros o criminales.

Por otra parte, en la actualidad la Fiscalía llevaba al menos mil 200 investigaciones por denuncias de ejecuciones extrajudiciales de unas dos mil 300 personas a manos de militares en los últimos años.

Hasta la fecha han sido condenados por esos casos apenas unos 187 miembros de la fuerza pública.

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