Política

Colombia: guerrilleros presos celebran liberaciones unilaterales

Bogotá.- Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presos en la cárcel bogotana de máxima seguridad La Picota celebraron hoy la decisión del grupo insurgente de liberar unilateralmente a cinco prisioneros.

En un comunicado divulgado por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), los presos políticos califican la decisión como un gesto de paz y de compromiso con la solución negociada del conflicto armado interno.

“Celebramos la decisión  de nuestro movimiento de liberar a cinco de los retenidos políticos en las selvas de Colombia, como un gesto de paz y de compromiso de nuestra organización en la búsqueda de una salida política y dialogada al conflicto social y armado que vive el país”, subraya el texto.

A su vez, rechazan las presiones y hostigamientos que desde diferentes sectores del Estado se hacen con el fin de propiciar sus desmovilizaciones y amparase en la denominada Ley de “Justicia y Paz”, entre otras propuestas gubernamentales, que califican de falaz.

Según los presos de guerra con ello el Estado persigue ocultar sus fracasos políticos y su incapacidad para dar verdaderas salidas a los problemas que aquejan al pueblo colombiano.

No nos asusta el confinamiento en estos centros de reclusión, donde todos los días se violan nuestros derechos fundamentales, puntualizan.

“Se equivoca el Estado sí cree que estos barrotes han debilitado nuestras ideas revolucionarias; se equivocan los comandantes de las Fuerzas Militares, sí piensan que por tenernos aquí, estamos derrotados, pues los luchadores sociales se templan en la cárcel”, agregan.

Asimismo, señalan que se equivocan los jueces de la República si creen que arbitrarias sentencias judiciales los hará arrepentirse de sus convicciones; así como los medios oficiales de comunicación sí esperan con su guerra sicológica doblegarlos.

“Se equivocan los paramilitares sí creen que hemos renunciado a nuestros principios, porque el Estado a través del órgano represivo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), nos obliga a convivir con ellos”, añaden.

Ante todo ello los guerrilleros presos en La Picota subrayan que tienen el decoro y la dignidad de los hombres que anhelan una sociedad mejor.

“Desde estos oscuros calabozos reiteramos al pueblo colombiano nuestro compromiso de lucha por los ideales libertarios y de justicia que asumimos en el momento de tomar las armas y ratificamos nuestra subordinación a las orientaciones de nuestros superiores de dirección”, concluye el comunicado.

Las FARC anunciaron el pasado 8 de diciembre que entregarían a cinco retenidos como un gesto de humanidad y de desagravio a la exsenadora Piedad Córdoba, a quien calificaron de "senadora de la paz".

La primera de esas liberaciones se cumplió ayer con éxito con la entrega del concejal Marcos Baquero a una misión humanitaria compuesta por Córdoba, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y la tripulación brasileña que participa en el proceso en el aspecto logístico.

Desde enero de 2008 –sin contar las actuales entregas- el grupo insurgente liberó unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

 

Avanza proceso para liberación de retenidos colombianos

Bogotá.- La segunda fase para la liberación anunciada de cinco retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avanza hoy con el traslado de los helicópteros brasileños al aeropuerto de Florencia, departamento de Caquetá.

La aeronave y la tripulación que participará en la entrega del concejal Armando Acuña y el infante de Marina Henry López partirán mañana con la misión humanitaria desde dicha terminal aérea hacia un punto de las selvas del país.

En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya entregó al Ministerio de Defensa las coordenadas en las cuales ocurrirán las liberaciones para que se suspendan las operaciones militares en la zona.

Por otra lado, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christophe Beney, señaló que se hace un acompañamiento permanente a los familiares de los retenidos que retornarán a la libertad en las próximas horas para que estén preparados para el reencuentro.

La víspera se cumplió con éxito la primera de las cinco liberaciones unilaterales anunciadas por las FARC con la llegada del concejal Marcos Baquero al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, Meta.

Baquero arribó a la terminal aérea hacia las 17:00 hora local (22:00 GMT) en uno de los helicópteros brasileños habilitados para el proceso de entrega, el cual se registró en algún punto de las selvas del país.

La misión humanitaria que recogió al concejal de San José del Guaviare estuvo compuesta, además de la tripulación brasileña, por la exsenadora Piedad Córdoba y miembros del CICR.

El proceso finalizará el domingo venidero en un operativo que se iniciará desde Ibagué, Tolima, para la entrega del cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel y el mayor de la Policía Guillermo Solórzano.

Las FARC anunciaron el pasado 8 de diciembre que entregarían a cinco retenidos como un gesto de humanidad y de desagravio a Córdoba, a quien calificaron de senadora de la paz.

Desde enero de 2008 -sin contar las actuales entregas- el grupo insurgente liberó unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

Foto tomada de Intenet

Colombia descarta diálogo con bandas criminales emergentes

Bogotá.- El Gobierno colombiano descartó cualquier posibilidad de diálogo con las bandas criminales emergentes que azotan al país y aseguró que la única posibilidad que tienen es la desmovilización.

Así lo expresó hoy el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien llamó a los integrantes de dichos grupos someterse a la justicia.

El único camino que deben adoptar los integrantes de las bandas criminales es adelantar un proceso de sometimiento a la justicia colombiana, puntualizó.

Vargas Lleras sostuvo que el Ejecutivo tiene muy claro que no habrá diálogo con las bandas criminales y menos la posibilidad de otorgarles un estatus político.

El Gobierno califica a los grupos mencionados como Bacrim (Bandas Criminales), mientras para otro se trata de bandas paramilitares emergentes, compuestas por exmiembros de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas en un controvertido proceso.

"Se equivocan si piensan que la actual administración va a adelantar una mesa de diálogo, porque esa posibilidad está totalmente descartada", insistió.

Para el Ministro estas bandas son simplemente grupos criminales que lograron una estructura militar para buscar una legislación especial que -según dijo- no van a conseguir.

A su vez, admitió que el principal desafío del Gobierno es recuperar la seguridad ciudadana y combatir a esas organizaciones.

No obstante, aclaró que el problema de la inseguridad en las principales ciudades del país no viene desde la asunción de Juan Manuel Santos como presidente el pasado 7 de agosto.

Las declaraciones de Vargas Lleras tienen lugar luego que el obispo de la ciudad de Montería (norte), Julio César Vidal, dijera que Santos estaría dispuesto a abrir espacios a las bandas emergentes.

Por otra parte, ante la críticas de varios sectores políticos a la actual administración por el incremento de la inseguridad en el país, el Partido Liberal culpó al expresidente Álvaro Uribe por el actual fenómeno de las bandas emergentes.

En opinión del jefe del liberalismo, Rafael Pardo, durante el gobierno de Uribe (2002-2010) lo único que se logró con la denominada Ley de Justicia y Paz fue un reciclaje del paramilitarismo.

Dicha normativa fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31 mil miembros de las AUC, grupo ultraderechista que se disolvió a mediados de 2006 en un proceso calificado por analistas como parcial e incompleto.

Pardo también pidió al Gobierno no abrir la puerta para la negociación con estos grupos criminales emergentes, al advertir que podría ser la consolidación de un nuevo Santa Fe de Ralito.

Con ello el jefe del liberalismo se refirió a la localidad que sirvió de sede para la negociación entre el gobierno de Uribe y las AUC, tema muy cuestionado aquí pues muchos consideran que se desconoce lo realmente acordado en ese entonces.

"Se han oído voces que dicen que hay que buscar mecanismos de sometimiento y que quieren entregarse y ese cuento ya lo hemos escuchado varias veces", advirtió.

En el gobierno anterior se llamaban paramilitares y ahora se llaman Bacrim, por eso lo que queda claro es que se ocultó la dimensión del problema y las cifras y los hechos de violencia lo demuestran, apostilló.

Foto tomada de Internet

Colombia: se cumple proceso de liberación

Villavicencio, Colombia. - La primera de las cinco liberaciones unilaterales anunciadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se cumplió hoy con la llegada del concejal Marcos Baquero al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, capital de departamento de Meta.

Baquero arribó a la terminal aérea hacia las 17:00 hora local (22:00 GMT) en uno de los helicópteros brasileños que fueron habilitados para el proceso de entrega, el cual se produjo en algún punto de las selvas del país.

La misión humanitaria que recogió al concejal de San José del Guaviare estuvo compuesta, además de la tripulación brasileña, por la ex senadora Piedad Córdoba y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Baquero, de 33 años y quien permaneció retenido por 19 meses, lo primero que hizo tras descender del helicóptero fue dirigirse a su esposa, así como a sus dos hijos, de 10 y dos años.

"Las primeras palabras son para mi familia y a mi esposa que la amo mucho, gracias a Dios ya estamos saliendo", dijo Baquero en sus primeras declaraciones públicas poco después de ser liberado y cuando aún se dirigía en el helicóptero hacia el aeropuerto de Villavicencio.

En tanto, para el venidero viernes -de acuerdo con lo previsto- se iniciará el proceso de entrega del concejal de Garzón, Huila, José Armando Acuña, y del infante de Marina Henry López Martínez, pero en este caso la misión humanitaria partirá desde Florencia, departamento de Caquetá.

A su vez, para el domingo siguiente se espera que el operativo se inicie desde Ibagué, Tolima, para la entrega del cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel y al mayor de la Policía Guillermo Solórzano, con lo cual culmina el proceso.

El pasado 8 de diciembre las FARC anunciaron que entregarían a cinco retenidos como un gesto de humanidad y de desagravio a Córdoba, a quien calificaron de "senadora de la paz".

En una misiva dirigida a la excongresista, destituida e inhabilitada tras un fallo de la Procuraduría por presuntos nexos con la guerrilla, el grupo insurgente señaló que la decisión está tomada.

Desde enero de 2008 las FARC liberaron unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

El proceso actual de liberaciones ha planteado nuevamente el tema de un diálogo de paz en Colombia.

Para Córdoba, existen condiciones, ánimo y voluntad para avanzar en ese sentido hacia eventuales diálogos entre el Gobierno y las FARC.

Asimismo expresó su confianza en que antes de mitad del año en curso todos los retenidos por la guerrilla podrían quedar en libertad.

Consideró que después de las cinco liberaciones anunciadas por las FARC deben continuar las entregas por parte del grupo insurgente, del cual reiteró viene dando muestras de voluntad de paz.

Colombia tiene que ver más cercana la posibilidad de que sea acabe la guerra, la confrontación y la violencia, refirió.

Liberaciones de retenidos colombianos se harán por separado

Por Alberto Corona

Bogotá. - La ex senadora Piedad Córdoba reveló que las liberaciones unilaterales de cinco retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se harán en cinco puntos diferentes, lo cual hace más complejo el proceso.

"El problema es que como son cinco puntos distintos, son cinco personas que vienen de puntos distintos, serán más de dos liberaciones", dijo Córdoba a la emisora radial La FM.

La facilitadora en el proceso también aseguró que todo está listo, aunque sin las coordenadas no se puede avanzar.

"No se puede aproximar ninguna fecha hasta que no tenga las coordenadas en la mano, además la movilización de los que van a ser liberados es muy, muy difícil, porque son liberaciones unilaterales y el Gobierno sigue en combates con las FARC", apuntó.

Sin embargo, Córdoba celebró la buena disposición del Gobierno para facilitar las liberaciones en cuanto la guerrilla entregue las coordenadas para suspender de inmediato la ofensiva militar en las zonas donde se llevarían a cabo.

"El Gobierno Nacional está en la mejor actitud, ahí no hay ningún problema, mejor actitud no puede haber", acotó.

A su vez, Córdoba indicó que el grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombinos por la Paz está en constante comunicación con las cinco familias de los retenidos a ser liberados, para tenerlos al tanto de la situación.

Por otra parte, el jefe adjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Michael Kramer, adelantó que la próxima semana se reunirá con los representantes de Brasil, país garante en el proceso, con Córdoba y el interlocutor del Gobierno, Eduardo Pizarro, para concretar detalles de logística.

El pasado 8 de diciembre el grupo insurgente anunció las citadas liberaciones, como un gesto de humanidad y de desagravio a la ex congresista, a quien califican como la senadora de la paz.

En la misiva dirigida a Córdoba, destituida e inhabilitada tras un fallo de la Procuraduría por presuntos nexos con la guerrilla, las FARC señalaron que la decisión está tomada.

Precisaron que los cinco prisioneros a liberar son el mayor de la Policía Guillermo Solórzano, el cabo del Ejército Salín Sanmiguel, el infante de marina Henry López Martínez, y los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón, Huila, Armando Acuña.

Desde enero de 2008, la guerrilla ha liberado unilateralmente a 14 retenidos, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

 

 

 

Colombia: una guerra medida por litro de sangre

Por Alberto Corona

Bogotá.-Revelaciones divulgadas por un oficial del Ejército colombiano en torno a procedimientos criminales contra civiles amenazan hoy con colocar nuevamente a la institución castrense en la picota pública.

Según un artículo publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en su página digital, el teniente Edgar Iván Flórez dio cuenta a las autoridades de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares.

Flórez, quien es procesado por su presunta responsabilidad en la ejecución sumaria de un campesino en el departamento de Antioquia, en julio de 2008, reveló como los soldados son incitados a cometer actos criminales contra civiles.

"Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida".

Con esas palabras aleccionaba a sus tropas el teniente coronel Wilson Ramírez, adscrito a la Brigada XIV del Ejército, según declaró Flórez en una diligencia de queja presentada en Medellín a la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2009.

Flórez, según su versión -citada por el artículo- se entregó a la justicia una vez supo que había en su contra una orden de captura.

Su intención, agrega el texto, fue esclarecer los crímenes cometidos en dicha guarnición militar, "para que no queden en la impunidad y con la única voluntad de que se haga justicia".

Para el Colectivo de Abogados, afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos, la declaración del teniente cobra importancia hoy cuando se hace trámite en el Congreso un proyecto de ley dirigido a blindar a los militares ante la justicia.

A través de esa iniciativa se pretende que el Estado defienda a aquellos uniformados, activos o en retiro, que sean denunciados en la Corte Penal Internacional por delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En tanto, el artículo refiere tres asuntos concretos que Flórez puso sobre el tapete con sus revelaciones, pese a las amenazas que pesan sobre su vida y al temor de que algo le pueda pasar a su familia.

Entre estos menciona las presiones que recibían los militares desde los altos mandos para obtener resultados operacionales, el modus operandi para legalizar las muertes de civiles, que incluía la elaboración de misiones tácticas falsas.

A lo que se añaden los incentivos para aquellos que ocasionaran más "bajas", el manejo de dinero de gastos reservados y la estrategia jurídica impulsada desde el Ministerio de Defensa para defender a quienes fueran vinculados a investigaciones penales por este tipo de asesinatos.

En los últimos años y hasta la fecha, el ejército colombiano se ha visto involucrado en diversos escándalos, desde que en 2008 fuera revelado por la prensa denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados por los uniformados como muertos en combate.

Escándalo que se conoce aquí eufemísticamente como "falsos positivos" (entiéndase ejecuciones extrajudiciales), y que involucraron al actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando estuvo al frente del Ministerio de Defensa durante el Gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe, sobre quien pesan diversas acusaciones.

Ya el pasado año, durante una visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston advirtió que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en este país.

En su opinión, la política de incentivos del Gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles hechos pasar como guerrilleros o criminales.

Por otra parte, en la actualidad la Fiscalía llevaba al menos mil 200 investigaciones por denuncias de ejecuciones extrajudiciales de unas dos mil 300 personas a manos de militares en los últimos años.

Hasta la fecha han sido condenados por esos casos apenas unos 187 miembros de la fuerza pública.

Foto tomada de Internet

 

 

Ejército colombiano en la picota pública por atroz asesinato

Por Alberto Corona

Bogotá.- La violación de dos niñas y el espeluznante asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanos menores sumerge hoy nuevamente al Ejército colombiano en la desvergüenza ante la opinión pública nacional e internacional.

Muertos a punta de machete el pasado 14 de octubre en una zona rural del departamento fronterizo de Arauca, al parecer a manos del subteniente Raúl Muñoz, el escalofriante crimen mantiene conmocionada a la sociedad colombiana.

Yenny Torres, de 14 años, Jimmy y Jeferson, de nueve y seis años de edad, respectivamente, fueron asesinados y enterrados en dos fosas entre los matorrales cercanos a la cabaña donde vivían.

En sus cuerpos, hallados dos días después por los vecinos del lugar, indicios de tortura desnudaron aún más la imagen de la barbarie, que sobrepasa cualquier calificativo.

Las necropsias realizadas por Medicina Legal en el departamento de Arauca indican que la niña fue violada y asesinada.

Murió por un "shock hiperbólico" producido por una serie de lesiones contundentes en el cuello y el tórax perpetradas con arma cortopunzante, mientras sus dos hermanos menores sufrieron traumas "de un arma cortocuntundente (sic) en el cráneo, tórax y abdomen", señala el informe forense, citado por la revista Semana.

La población de Arauca, consternada e indignada, acompañó masivamente el funeral de los tres niños, al tiempo que el padre, Álvaro Torres, y sus vecinos señalaron como responsables a los militares que patrullaron la zona el día de la tragedia.

Así, tras varios días de investigación, a raíz de la denuncia y del impacto que tuvo en la sociedad tan atroz crimen, todos los indicios condujeron al subteniente Muñoz, quien confesó la violación de dos niñas, entre ellas una de los tres hermanos asesinados.

En tanto, las autoridades investigan a unos 60 militares de dos batallones que operaban cerca del lugar donde se produjo el múltiple crimen, mientras otros ocho uniformados fueron destituidos por fallas en los procesos de control y mando de personal.

Si bien el gobierno y los altos mandos militares condenaron los hechos y pidieron perdón a las familias de las víctimas, un desconsolado padre ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable.

Aún está presente en la memoria colectiva el escándalo que envuelve al Ejército colombiano, luego que hace dos años fueran reveladas a la opinión pública prácticas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados, en hechos considerados como crímenes de Estado, eufemísticamente conocidos aquí como "falsos positivos".

Dicho escándalo estalló en octubre de 2008 por denuncias en la prensa, y si bien fueron destituidos varios generales y oficiales del Ejército, las investigaciones permanecen estancadas hasta la fecha.

El pasado año, durante una visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston afirmó que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en este país.

En su opinión, la política de incentivos del gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles perpetrados y hechos pasar como guerrilleros muertos en combates.

Asimismo, expertos locales consideran que en el Ejército persisten ciertos elementos que permiten y facilitan la ocurrencia de los hechos mencionados, como falta de control y reglas claras.

Paralelo a ello, la confianza en el sistema judicial nacional está resquebrajada, pues de más de mil 200 militares involucrados en asesinatos de civiles, hasta hoy sólo 60 han recibido algún tipo de condena.

De ahí que a la luz de los hechos, muchos se pregunten hoy cuántos Yenny, Jimmy y Jeferson habrá por los campos y ciudades de Colombia reclamando justicia.

Colombia y Venezuela reconfiguran sus relaciones bilaterales

Por Alberto Corona 

Bogotá.- Los gobierno de Colombia y Venezuela están decididos a reconfigurar sus relaciones diplomáticas, luego que la crisis entre ambas naciones fuera superada a través de un diálogo transparente, directo, respetuoso y privilegiando la vía diplomática.

Muestra de ello fue la reunión sostenida el pasado 7 de octubre por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Nicolás Maduro, en la cual revisaron la marcha de las comisiones binacionales para recomposición total de los vínculos y acordaron acciones concretas en ese sentido.

Tras un encuentro de más de ocho horas en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, ambos cancilleres y las siete comisiones de trabajo, dos de ellas -Turismo y Energía- creadas en el transcurso de las conversaciones, dieron pasos significativos para la cooperación bilateral en varios frentes.

En infraestructura la cita arrojó como resultado, entre otros, que los mandatarios de los dos gobiernos deberán trabajar sobre cuatro proyectos de interconexión vial, que tendrán prioridades sobre el citado departamento colombiano y el Estado venezolano de Táchira.

 A su vez, se acordó la ejecución de un nuevo puente internacional ubicado en el sector de Tienditas, entre los municipios fronterizos de Ureña y Villa Rosario.

En el ámbito cultural y social, ambas naciones convinieron desarrollar inversiones en la zona limítrofe, orientadas a bibliotecas públicas y a la realización de conciertos con protagonistas de los dos países.

Otro de los temas estratégicos en los que Bogotá y Caracas avanzaron fue en el establecimiento de acuerdos energéticos, relacionados con el suministro de energía eléctrica y de gasolina a poblaciones fronterizas.

Con respecto a la interconexión eléctrica, en seis meses los dos gobiernos deberán tener fortalecidas bases de negociación comercial para este fin, mientras que en energía se acordó la creación de una comisión de combustible, especialmente que vigile el área limítrofe, calificada como "neurálgica".

Asimismo se decidió dar continuidad a los proyectos del Gasoducto Antonio Ricaurte y al poliducto del Pacífico, como también empezar explorar el proyecto del gas natural para los dos países.

En lo comercial se acordó avanzar en el pago de la deuda al empresariado colombiano, donde ya Venezuela reporta el pago de 98 millones de dólares de los 200 que se habían comprometido en el primer paso de acercamiento entre ambos gobiernos.

Por otro lado, se anunció para el próximo 22 de octubre la realización de una cumbre antidrogas, con sede en la ciudad caribeña colombiana de Cartagena de Indias, para revisar asuntos de narcotráfico y terrorismo.

Estos mecanismo, y otros que fueron establecidos, constituyen las bases para que los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, tomen decisiones conjuntas en las tareas que fijaron cada una de las comisiones creadas para el restablecimiento de las relaciones.

En tanto, Holguín y Maduro se declararon complacidos del dialogo abierto mantenido por los dos países.

También pronosticaron que en el encuentro que sostendrán Santos y Chávez a finales de mes en Venezuela, se tomarán decisiones transcendentales que permitirán fortalecer los aspectos políticos, sociales y de desarrollo bilaterales.

Esa sería la segunda reunión entre ambos dignatarios luego de la realizada en Santa Marta, Caribe colombiano, el pasado 10 de agosto, en la cual se le puso fin a la crisis entre los dos países.

Tanto Chávez como Santos antepusieron así a las diferencias ideológicas y políticas las necesidades de sus pueblos, que celebraron a uno y otro lado de la frontera -al igual que el resto de la región- el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales.

Foto tomada de Intenet.