Colombia descarta diálogo con bandas criminales emergentes

Bogotá.- El Gobierno colombiano descartó cualquier posibilidad de diálogo con las bandas criminales emergentes que azotan al país y aseguró que la única posibilidad que tienen es la desmovilización.

Así lo expresó hoy el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien llamó a los integrantes de dichos grupos someterse a la justicia.

El único camino que deben adoptar los integrantes de las bandas criminales es adelantar un proceso de sometimiento a la justicia colombiana, puntualizó.

Vargas Lleras sostuvo que el Ejecutivo tiene muy claro que no habrá diálogo con las bandas criminales y menos la posibilidad de otorgarles un estatus político.

El Gobierno califica a los grupos mencionados como Bacrim (Bandas Criminales), mientras para otro se trata de bandas paramilitares emergentes, compuestas por exmiembros de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas en un controvertido proceso.

"Se equivocan si piensan que la actual administración va a adelantar una mesa de diálogo, porque esa posibilidad está totalmente descartada", insistió.

Para el Ministro estas bandas son simplemente grupos criminales que lograron una estructura militar para buscar una legislación especial que -según dijo- no van a conseguir.

A su vez, admitió que el principal desafío del Gobierno es recuperar la seguridad ciudadana y combatir a esas organizaciones.

No obstante, aclaró que el problema de la inseguridad en las principales ciudades del país no viene desde la asunción de Juan Manuel Santos como presidente el pasado 7 de agosto.

Las declaraciones de Vargas Lleras tienen lugar luego que el obispo de la ciudad de Montería (norte), Julio César Vidal, dijera que Santos estaría dispuesto a abrir espacios a las bandas emergentes.

Por otra parte, ante la críticas de varios sectores políticos a la actual administración por el incremento de la inseguridad en el país, el Partido Liberal culpó al expresidente Álvaro Uribe por el actual fenómeno de las bandas emergentes.

En opinión del jefe del liberalismo, Rafael Pardo, durante el gobierno de Uribe (2002-2010) lo único que se logró con la denominada Ley de Justicia y Paz fue un reciclaje del paramilitarismo.

Dicha normativa fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31 mil miembros de las AUC, grupo ultraderechista que se disolvió a mediados de 2006 en un proceso calificado por analistas como parcial e incompleto.

Pardo también pidió al Gobierno no abrir la puerta para la negociación con estos grupos criminales emergentes, al advertir que podría ser la consolidación de un nuevo Santa Fe de Ralito.

Con ello el jefe del liberalismo se refirió a la localidad que sirvió de sede para la negociación entre el gobierno de Uribe y las AUC, tema muy cuestionado aquí pues muchos consideran que se desconoce lo realmente acordado en ese entonces.

"Se han oído voces que dicen que hay que buscar mecanismos de sometimiento y que quieren entregarse y ese cuento ya lo hemos escuchado varias veces", advirtió.

En el gobierno anterior se llamaban paramilitares y ahora se llaman Bacrim, por eso lo que queda claro es que se ocultó la dimensión del problema y las cifras y los hechos de violencia lo demuestran, apostilló.

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