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Ventana Abierta/Alberto Corona

Colombia: guerrilleros presos celebran liberaciones unilaterales

Bogotá.- Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presos en la cárcel bogotana de máxima seguridad La Picota celebraron hoy la decisión del grupo insurgente de liberar unilateralmente a cinco prisioneros.

En un comunicado divulgado por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), los presos políticos califican la decisión como un gesto de paz y de compromiso con la solución negociada del conflicto armado interno.

“Celebramos la decisión  de nuestro movimiento de liberar a cinco de los retenidos políticos en las selvas de Colombia, como un gesto de paz y de compromiso de nuestra organización en la búsqueda de una salida política y dialogada al conflicto social y armado que vive el país”, subraya el texto.

A su vez, rechazan las presiones y hostigamientos que desde diferentes sectores del Estado se hacen con el fin de propiciar sus desmovilizaciones y amparase en la denominada Ley de “Justicia y Paz”, entre otras propuestas gubernamentales, que califican de falaz.

Según los presos de guerra con ello el Estado persigue ocultar sus fracasos políticos y su incapacidad para dar verdaderas salidas a los problemas que aquejan al pueblo colombiano.

No nos asusta el confinamiento en estos centros de reclusión, donde todos los días se violan nuestros derechos fundamentales, puntualizan.

“Se equivoca el Estado sí cree que estos barrotes han debilitado nuestras ideas revolucionarias; se equivocan los comandantes de las Fuerzas Militares, sí piensan que por tenernos aquí, estamos derrotados, pues los luchadores sociales se templan en la cárcel”, agregan.

Asimismo, señalan que se equivocan los jueces de la República si creen que arbitrarias sentencias judiciales los hará arrepentirse de sus convicciones; así como los medios oficiales de comunicación sí esperan con su guerra sicológica doblegarlos.

“Se equivocan los paramilitares sí creen que hemos renunciado a nuestros principios, porque el Estado a través del órgano represivo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), nos obliga a convivir con ellos”, añaden.

Ante todo ello los guerrilleros presos en La Picota subrayan que tienen el decoro y la dignidad de los hombres que anhelan una sociedad mejor.

“Desde estos oscuros calabozos reiteramos al pueblo colombiano nuestro compromiso de lucha por los ideales libertarios y de justicia que asumimos en el momento de tomar las armas y ratificamos nuestra subordinación a las orientaciones de nuestros superiores de dirección”, concluye el comunicado.

Las FARC anunciaron el pasado 8 de diciembre que entregarían a cinco retenidos como un gesto de humanidad y de desagravio a la exsenadora Piedad Córdoba, a quien calificaron de "senadora de la paz".

La primera de esas liberaciones se cumplió ayer con éxito con la entrega del concejal Marcos Baquero a una misión humanitaria compuesta por Córdoba, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y la tripulación brasileña que participa en el proceso en el aspecto logístico.

Desde enero de 2008 –sin contar las actuales entregas- el grupo insurgente liberó unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

 

Avanza proceso para liberación de retenidos colombianos

Avanza proceso para liberación de retenidos colombianos

Bogotá.- La segunda fase para la liberación anunciada de cinco retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avanza hoy con el traslado de los helicópteros brasileños al aeropuerto de Florencia, departamento de Caquetá.

La aeronave y la tripulación que participará en la entrega del concejal Armando Acuña y el infante de Marina Henry López partirán mañana con la misión humanitaria desde dicha terminal aérea hacia un punto de las selvas del país.

En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya entregó al Ministerio de Defensa las coordenadas en las cuales ocurrirán las liberaciones para que se suspendan las operaciones militares en la zona.

Por otra lado, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christophe Beney, señaló que se hace un acompañamiento permanente a los familiares de los retenidos que retornarán a la libertad en las próximas horas para que estén preparados para el reencuentro.

La víspera se cumplió con éxito la primera de las cinco liberaciones unilaterales anunciadas por las FARC con la llegada del concejal Marcos Baquero al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, Meta.

Baquero arribó a la terminal aérea hacia las 17:00 hora local (22:00 GMT) en uno de los helicópteros brasileños habilitados para el proceso de entrega, el cual se registró en algún punto de las selvas del país.

La misión humanitaria que recogió al concejal de San José del Guaviare estuvo compuesta, además de la tripulación brasileña, por la exsenadora Piedad Córdoba y miembros del CICR.

El proceso finalizará el domingo venidero en un operativo que se iniciará desde Ibagué, Tolima, para la entrega del cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel y el mayor de la Policía Guillermo Solórzano.

Las FARC anunciaron el pasado 8 de diciembre que entregarían a cinco retenidos como un gesto de humanidad y de desagravio a Córdoba, a quien calificaron de senadora de la paz.

Desde enero de 2008 -sin contar las actuales entregas- el grupo insurgente liberó unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

Foto tomada de Intenet

Colombia descarta diálogo con bandas criminales emergentes

Colombia descarta diálogo con bandas criminales emergentes

Bogotá.- El Gobierno colombiano descartó cualquier posibilidad de diálogo con las bandas criminales emergentes que azotan al país y aseguró que la única posibilidad que tienen es la desmovilización.

Así lo expresó hoy el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien llamó a los integrantes de dichos grupos someterse a la justicia.

El único camino que deben adoptar los integrantes de las bandas criminales es adelantar un proceso de sometimiento a la justicia colombiana, puntualizó.

Vargas Lleras sostuvo que el Ejecutivo tiene muy claro que no habrá diálogo con las bandas criminales y menos la posibilidad de otorgarles un estatus político.

El Gobierno califica a los grupos mencionados como Bacrim (Bandas Criminales), mientras para otro se trata de bandas paramilitares emergentes, compuestas por exmiembros de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas en un controvertido proceso.

"Se equivocan si piensan que la actual administración va a adelantar una mesa de diálogo, porque esa posibilidad está totalmente descartada", insistió.

Para el Ministro estas bandas son simplemente grupos criminales que lograron una estructura militar para buscar una legislación especial que -según dijo- no van a conseguir.

A su vez, admitió que el principal desafío del Gobierno es recuperar la seguridad ciudadana y combatir a esas organizaciones.

No obstante, aclaró que el problema de la inseguridad en las principales ciudades del país no viene desde la asunción de Juan Manuel Santos como presidente el pasado 7 de agosto.

Las declaraciones de Vargas Lleras tienen lugar luego que el obispo de la ciudad de Montería (norte), Julio César Vidal, dijera que Santos estaría dispuesto a abrir espacios a las bandas emergentes.

Por otra parte, ante la críticas de varios sectores políticos a la actual administración por el incremento de la inseguridad en el país, el Partido Liberal culpó al expresidente Álvaro Uribe por el actual fenómeno de las bandas emergentes.

En opinión del jefe del liberalismo, Rafael Pardo, durante el gobierno de Uribe (2002-2010) lo único que se logró con la denominada Ley de Justicia y Paz fue un reciclaje del paramilitarismo.

Dicha normativa fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31 mil miembros de las AUC, grupo ultraderechista que se disolvió a mediados de 2006 en un proceso calificado por analistas como parcial e incompleto.

Pardo también pidió al Gobierno no abrir la puerta para la negociación con estos grupos criminales emergentes, al advertir que podría ser la consolidación de un nuevo Santa Fe de Ralito.

Con ello el jefe del liberalismo se refirió a la localidad que sirvió de sede para la negociación entre el gobierno de Uribe y las AUC, tema muy cuestionado aquí pues muchos consideran que se desconoce lo realmente acordado en ese entonces.

"Se han oído voces que dicen que hay que buscar mecanismos de sometimiento y que quieren entregarse y ese cuento ya lo hemos escuchado varias veces", advirtió.

En el gobierno anterior se llamaban paramilitares y ahora se llaman Bacrim, por eso lo que queda claro es que se ocultó la dimensión del problema y las cifras y los hechos de violencia lo demuestran, apostilló.

Foto tomada de Internet

Colombia: se cumple proceso de liberación

Colombia: se cumple proceso de liberación

Villavicencio, Colombia. - La primera de las cinco liberaciones unilaterales anunciadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se cumplió hoy con la llegada del concejal Marcos Baquero al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, capital de departamento de Meta.

Baquero arribó a la terminal aérea hacia las 17:00 hora local (22:00 GMT) en uno de los helicópteros brasileños que fueron habilitados para el proceso de entrega, el cual se produjo en algún punto de las selvas del país.

La misión humanitaria que recogió al concejal de San José del Guaviare estuvo compuesta, además de la tripulación brasileña, por la ex senadora Piedad Córdoba y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Baquero, de 33 años y quien permaneció retenido por 19 meses, lo primero que hizo tras descender del helicóptero fue dirigirse a su esposa, así como a sus dos hijos, de 10 y dos años.

"Las primeras palabras son para mi familia y a mi esposa que la amo mucho, gracias a Dios ya estamos saliendo", dijo Baquero en sus primeras declaraciones públicas poco después de ser liberado y cuando aún se dirigía en el helicóptero hacia el aeropuerto de Villavicencio.

En tanto, para el venidero viernes -de acuerdo con lo previsto- se iniciará el proceso de entrega del concejal de Garzón, Huila, José Armando Acuña, y del infante de Marina Henry López Martínez, pero en este caso la misión humanitaria partirá desde Florencia, departamento de Caquetá.

A su vez, para el domingo siguiente se espera que el operativo se inicie desde Ibagué, Tolima, para la entrega del cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel y al mayor de la Policía Guillermo Solórzano, con lo cual culmina el proceso.

El pasado 8 de diciembre las FARC anunciaron que entregarían a cinco retenidos como un gesto de humanidad y de desagravio a Córdoba, a quien calificaron de "senadora de la paz".

En una misiva dirigida a la excongresista, destituida e inhabilitada tras un fallo de la Procuraduría por presuntos nexos con la guerrilla, el grupo insurgente señaló que la decisión está tomada.

Desde enero de 2008 las FARC liberaron unilateralmente a 14 personas, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

El proceso actual de liberaciones ha planteado nuevamente el tema de un diálogo de paz en Colombia.

Para Córdoba, existen condiciones, ánimo y voluntad para avanzar en ese sentido hacia eventuales diálogos entre el Gobierno y las FARC.

Asimismo expresó su confianza en que antes de mitad del año en curso todos los retenidos por la guerrilla podrían quedar en libertad.

Consideró que después de las cinco liberaciones anunciadas por las FARC deben continuar las entregas por parte del grupo insurgente, del cual reiteró viene dando muestras de voluntad de paz.

Colombia tiene que ver más cercana la posibilidad de que sea acabe la guerra, la confrontación y la violencia, refirió.

Sicarios ponen en jaque a autoridades colombianas

Sicarios ponen en jaque a autoridades colombianas

Bogotá.- Un incremento de ataques cometidos por asesinos a sueldos en la capital colombiana mantienen hoy en jaque a las autoridades policiales, pues en apenas tres días cuatro personas resultaron muertas a manos de sicarios.

La nueva ola de sicariato se desató el pasado martes, cuando dos desconocidos que se desplazaban en un motocicleta dispararon sobre Lina Piedad Sierra, abogada del narcotraficante Carlos Alberto Rincón, uno de los socios del capo Daniel "El Loco" Barrera.

Sierra no murió, pero el pronóstico de su salud es reservado al tiempo que permanece bajo cuidados médicos permanentemente.

Al día siguiente, vecinos del occidente de Bogotá hallaron el cadáver de un hombre dentro de una camioneta, identificado como Justo Pastor, depositario de los bienes del "Loco Barrera", incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

En tanto en las últimas horas fueron asesinados por sicarios dos sacerdotes, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un automóvil en el suroccidente de la capital, cada uno con impactos de bala en la cabeza.

Por otra parte, también se reportó el asesinato del inspector Jairo Enrique Velosa, jefe de guardias del pabellón de Alta Seguridad de la cárcel La Picota, de Bogotá, un hecho atribuido también a sicarios.

De acuerdo con estadísticas policiales, al menos el 47 por ciento de los 15 mil 400 asesinatos registrados en el país durante el pasado año fueron cometidos por sicarios, para convertirse así como la primera causa de homicidios en Colombia.

A su vez, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, reveló que casi cuatro de cada 10 muertes tienen que ver con riñas (intolerancia); un cinco por ciento con violencia en hurtos y un 1,3 por ciento, con violencia intrafamiliar.

En tanto, las muertes por el conflicto armado interno -siempre de acuerdo con reportes oficiales- son cada vez más marginales, pues no llegan al cuatro por ciento.

Foto tomada de Internet.

Liberaciones de retenidos colombianos se harán por separado

Liberaciones de retenidos colombianos se harán por separado

Por Alberto Corona

Bogotá. - La ex senadora Piedad Córdoba reveló que las liberaciones unilaterales de cinco retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se harán en cinco puntos diferentes, lo cual hace más complejo el proceso.

"El problema es que como son cinco puntos distintos, son cinco personas que vienen de puntos distintos, serán más de dos liberaciones", dijo Córdoba a la emisora radial La FM.

La facilitadora en el proceso también aseguró que todo está listo, aunque sin las coordenadas no se puede avanzar.

"No se puede aproximar ninguna fecha hasta que no tenga las coordenadas en la mano, además la movilización de los que van a ser liberados es muy, muy difícil, porque son liberaciones unilaterales y el Gobierno sigue en combates con las FARC", apuntó.

Sin embargo, Córdoba celebró la buena disposición del Gobierno para facilitar las liberaciones en cuanto la guerrilla entregue las coordenadas para suspender de inmediato la ofensiva militar en las zonas donde se llevarían a cabo.

"El Gobierno Nacional está en la mejor actitud, ahí no hay ningún problema, mejor actitud no puede haber", acotó.

A su vez, Córdoba indicó que el grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombinos por la Paz está en constante comunicación con las cinco familias de los retenidos a ser liberados, para tenerlos al tanto de la situación.

Por otra parte, el jefe adjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Michael Kramer, adelantó que la próxima semana se reunirá con los representantes de Brasil, país garante en el proceso, con Córdoba y el interlocutor del Gobierno, Eduardo Pizarro, para concretar detalles de logística.

El pasado 8 de diciembre el grupo insurgente anunció las citadas liberaciones, como un gesto de humanidad y de desagravio a la ex congresista, a quien califican como la senadora de la paz.

En la misiva dirigida a Córdoba, destituida e inhabilitada tras un fallo de la Procuraduría por presuntos nexos con la guerrilla, las FARC señalaron que la decisión está tomada.

Precisaron que los cinco prisioneros a liberar son el mayor de la Policía Guillermo Solórzano, el cabo del Ejército Salín Sanmiguel, el infante de marina Henry López Martínez, y los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón, Huila, Armando Acuña.

Desde enero de 2008, la guerrilla ha liberado unilateralmente a 14 retenidos, entre políticos, policías y militares, procesos en los cuales la labor de Córdoba ha sido crucial.

 

 

 

Realidad climática extrema sacude a Colombia en 2010

Por Alberto Corona  

Bogotá.- Colombia vivió en 2010 el azote de dos fenómenos climatológicos cada vez más extremos, que unidos a los efectos del cambio climático a nivel global, comienzan a modificar la forma de vida de sus habitantes.

   Tanto El Niño como La Niña han trastocado el régimen climático del país, al punto de hacer más intensas las temporadas de secas y lluvias con efectos desastrosos y dramáticos; una realidad a la que tendrán que adaptarse y sobreponerse los colombianos, al decir de expertos.

   El año arrancó con un intenso verano como consecuencia del fenómeno climatológico de El Niño (calentamiento de las aguas del océano Pacífico), con registros de temperaturas sin precedentes y una sequía que redujo a niveles extremos los recursos hídricos en gran parte del territorio nacional.

   Incendios forestales, embalses por debajo del 50 por ciento de su capacidad, caudalosos ríos convertidos en riachuelos, miles de hectáreas de cultivos afectadas, color intenso y más de un centenar de municipios privados de agua, fueron algunas de las calamidades que ocasionó El Niño a su paso.

   Ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Calí, entre otras, reportaron en sus termómetros niveles muy por encima de sus promedios históricos, con un consecuente repunte de enfermedades vectoriales, así como quemaduras en la piel por cuenta de los fuertes rayos solares.

   Por otra parte más de 30 mil hectáreas de vegetación fueron arrasadas por las llamas con afectaciones directas en 347 municipios del país, lo que obligó al Estado tomar medidas extremas como el cierre de parques nacionales y prohibir los denominados "paseos de olla", los cuales originaron varios incendios en distintas zonas, en plena temporada de verano.

   Tal situación descrita llevó a las autoridades colombianas decretar en enero la situación de desastre nacional en casi la totalidad de los departamentos que conforman el país, a fin de controlar -mediante una mayor obtención de recursos- la emergencia presentada.

   En tanto, el impacto de El Niño en el sector agrícola y ganadero fue considerable, al tiempo que ríos emblemáticos como el Calí, el Magdalena y el Cauca registraron una significativa y severa estreches ante la ausencia de lluvias.

   Así llegó mayo y con las primeras precipitaciones El Niño se alejó para dar paso a La Niña (enfriamiento de las aguas), cuya severidad ocasionó uno de los peores desastres ambientales, económicos y sociales en la historia reciente de Colombia.

   Aún cuando restan pocas horas para que concluya el año, sus efectos devastadores amenazan con prolongarse hasta principios de 2011, acorde con los pronósticos más conservadores de los especialistas.             

   Al cierre de este resumen las lluvias asociadas a la actual temporada invernal arrojan un saldo de 300 muertos, 289 heridos, 59 desaparecidos y dos millones 171 mil 874 damnificados, que integran 448 mil 254 familias, de acuerdo con información recopilada por los organismos de socorro y los comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres.

    Tal ha sido la magnitud del desastre ocasionado por las inundaciones, que cuatro departamentos reportan más de 200 mil damnificados; Bolívar con 389 mil 10; Magdalena (282 mil 595); Atlántico (228 mil 908) y La Guajira (216 mil 788).

   A ello se añaden tres mil 614 casas destruidas y 316 mil 114 averiadas en todo el territorio nacional, además de un millón 324 mil hectáreas dedicadas a la producción de alimentos y a la ganadería bajo las aguas, sector agrícola que demandará al menos más de 500 millones de dólares para recuperar su capacidad empresarial y productiva.

   Asimismo, informes divulgados por el Ministerio de Agricultura dan cuenta de la muerte de 370 mil animales como consecuencia de la temporada invernal, 300 mil de ellos son aves ponedoras y de engorde y otros 70 mil corresponden a bovinos, mientras que al menos un millón 500 mil vacunos fueron desplazados por las inundaciones.

   Uno de los hechos más impactante se reportó en noviembre, cuando las intensas lluvias ocasionaron el rompimiento del Canal del Dique en el departamento de Atlántico, Caribe colombiano, que sumergió poblaciones enteras, afectó miles de hectáreas de cultivos y colocó en estado crítico la infraestructura vial.

   Por otro lado, desplazamientos de tierra y avalanchas enlutaron al país, cuando localidades y caseríos enteros quedaron sepultados bajo el lodo y las rocas con cientos de sus habitantes, mientras pueblos y barrios tendrán que ser reubicados hacia zonas más seguras.

   Frente a la magnitud de la tragedia sufrida por las lluvias, potenciada por el fenómeno de La Niña, el Gobierno colombiano decretó el pasado 7 de diciembre el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, al tiempo que se calcula que la atención a los desastres costará más de cinco mil millones de dólares.

   Situación que comienza hacer recurrente en la historia de Colombia, si se tiene en cuanta que el país presenta la ocurrencia de desastre más alta de America Latina durante los últimos 30 años –según algunos estudios- al registrar en promedio casi 600 eventos por año.

   Entre los fenómenos que con mayor frecuencia originan desastres se encuentran las inundaciones con 36.8 por ciento, las deslizamientos de tierra con 25.5 e incendios urbanos con 7.6, lo cuales en su conjunto han causado el 70 por ciento de todos las tragedias reportadas en las últimas tres décadas.

   Estos factores, unido al impacto que sobre el país deja sentir el cambio climático, trae consigo que los colombianos deberán ajustarse a las nuevas circunstancias, con temporadas más intensas de verano y de lluvias, ante lo cual 2010 fue testigo de esa realidad extrema climática.

Colombia: una guerra medida por litro de sangre

Colombia: una guerra medida por litro de sangre

Por Alberto Corona

Bogotá.-Revelaciones divulgadas por un oficial del Ejército colombiano en torno a procedimientos criminales contra civiles amenazan hoy con colocar nuevamente a la institución castrense en la picota pública.

Según un artículo publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en su página digital, el teniente Edgar Iván Flórez dio cuenta a las autoridades de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares.

Flórez, quien es procesado por su presunta responsabilidad en la ejecución sumaria de un campesino en el departamento de Antioquia, en julio de 2008, reveló como los soldados son incitados a cometer actos criminales contra civiles.

"Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida".

Con esas palabras aleccionaba a sus tropas el teniente coronel Wilson Ramírez, adscrito a la Brigada XIV del Ejército, según declaró Flórez en una diligencia de queja presentada en Medellín a la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2009.

Flórez, según su versión -citada por el artículo- se entregó a la justicia una vez supo que había en su contra una orden de captura.

Su intención, agrega el texto, fue esclarecer los crímenes cometidos en dicha guarnición militar, "para que no queden en la impunidad y con la única voluntad de que se haga justicia".

Para el Colectivo de Abogados, afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos, la declaración del teniente cobra importancia hoy cuando se hace trámite en el Congreso un proyecto de ley dirigido a blindar a los militares ante la justicia.

A través de esa iniciativa se pretende que el Estado defienda a aquellos uniformados, activos o en retiro, que sean denunciados en la Corte Penal Internacional por delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En tanto, el artículo refiere tres asuntos concretos que Flórez puso sobre el tapete con sus revelaciones, pese a las amenazas que pesan sobre su vida y al temor de que algo le pueda pasar a su familia.

Entre estos menciona las presiones que recibían los militares desde los altos mandos para obtener resultados operacionales, el modus operandi para legalizar las muertes de civiles, que incluía la elaboración de misiones tácticas falsas.

A lo que se añaden los incentivos para aquellos que ocasionaran más "bajas", el manejo de dinero de gastos reservados y la estrategia jurídica impulsada desde el Ministerio de Defensa para defender a quienes fueran vinculados a investigaciones penales por este tipo de asesinatos.

En los últimos años y hasta la fecha, el ejército colombiano se ha visto involucrado en diversos escándalos, desde que en 2008 fuera revelado por la prensa denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados por los uniformados como muertos en combate.

Escándalo que se conoce aquí eufemísticamente como "falsos positivos" (entiéndase ejecuciones extrajudiciales), y que involucraron al actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando estuvo al frente del Ministerio de Defensa durante el Gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe, sobre quien pesan diversas acusaciones.

Ya el pasado año, durante una visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston advirtió que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en este país.

En su opinión, la política de incentivos del Gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles hechos pasar como guerrilleros o criminales.

Por otra parte, en la actualidad la Fiscalía llevaba al menos mil 200 investigaciones por denuncias de ejecuciones extrajudiciales de unas dos mil 300 personas a manos de militares en los últimos años.

Hasta la fecha han sido condenados por esos casos apenas unos 187 miembros de la fuerza pública.

Foto tomada de Internet