Colombia: Diversidad coactada

Por Alberto Corona

Bogotá.- Tras 18 años de promulgada la Constitución de 1991 los pueblos indígenas colombianos siguen esperando del gobierno y las instituciones del Estado el pleno reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos.

   Pese a que la carta magna recoge en su articulado preceptos que la colocan entre las más avanzadas del mundo en cuanto se refiere al reconocimiento de derechos de las comunidades originarias y de las minorías étnicas, hoy la tendencia es exactamente contraria.

   Así lo sostienen activistas, organizaciones indígenas y políticos, entre ellos el senador Ernesto Ramiro Estacio, miembros del Parlamento Amazónico colombiano, y quien ha insistido en la necesidad de defender la diversidad frente a la amenaza del  estancamiento y la extinción.

   Esta inquietud parte del hecho de que el derecho de los pueblos indígenas de gobernase de acuerdo a sus usos y costumbres ha sido vulnerado sistemáticamente por las leyes que desde 1991 han regulado el sistema de transferencia, el cual se conoce hoy como Sistema General de Participaciones, en menoscabo de los preceptos en los cuales se establecen los parámetros para la conformación de Entidades Territoriales Indígenas.

   Se trata concretamente de consolidar el derecho de los pueblos autóctonos a gobernar sus territorios con autonomía, derecho sin en el cual –en opinión de Estacio- estas comunidades están condenadas a la extinción.

   Amenaza que se incrementa significativamente por el devastador impacto del conflicto interno, que ha tomado los territorios indígenas como escenario de confrontación en muchas regiones del país, incluida la Amazonía, que abarca el 42 por ciento del territorio nacional.

   Sin embargo estas preocupaciones, junto con la inminente desaparición de 34 pueblos indígenas, no han tenido el impacto que en un Estado que se autoproclama democrático debería tener.

   Precisamente el referido Sistema General de Participaciones coloca a las autoridades indígenas bajo la tutela de gobernadores y alcaldes, con lo cual se reproduce una tradición colonialista según la cual  los indígenas siguen siendo considerados menores de edad o incapaces de manejar sus propios asuntos, concepción contraria a las disposiciones de la carta política vigente.

   De ahí que Estacio, en su condición de vocero de esos pueblos, haya presentado ante el Congreso de la República y a la opinión pública nacional, un proyecto de ley por el cual se expiden normas orgánicas en materia de ordenamiento territorial.

   Esta iniciativa, acorde con su impulsor, se fundamenta en razones que justifican la necesidad y conveniencia de avanzar hacia la conformación  de Entidades Territoriales indígenas, a fin de garantizar la vigencia plena de sus derechos, en beneficio del conjunto de la sociedad colombiana y del Estado social de derecho.

   Estacio considera que ello es de vital importancia, mas ahora que el país y el mundo deben preparase para afrontar una crisis ambiental sin precedentes, circunstancia que obliga a concretar acciones y políticas orientadas a la protección de la diversidad cultural, del conocimiento asociado a la misma y de la biodiversidad.

   El parlamentario es del criterio que pese a existir leyes y decretos dirigidos a desarrollar algunos de los postulados que la Constitución consagra para proteger la diversidad cultural del país, tales normas han sido el producto de una interpretación restrictiva de la carta magna en lo concerniente a la autonomía política administrativa.

   Interpretación que Estacio estima injusta y que causa una sistemática vulneración de los conceptos que configuran el bloque de constitucionalidad que ampara de manera integral los derechos de los indígenas, para garantizar su existencia y desarrollo como pueblos y culturas diferentes.

   Sin autonomía para gobernarse esa diversidad encarnada en las comunidades está condenada a diluirse, sentenció el senador, pues toda cultura diferente es por definición producto de un proceso histórico autóctono del que se derivan territorialidades que sustentan sus formas propias de vida, de comunicación y administración.

   Para Estacio dicha interpretación restrictiva que se ha mantenido en los últimos años se caracteriza por el establecimiento de una forma “perversa de cogobierno”, mediante el cual alcaldes o gobernadores ejercen una tutela sobre las autoridades indígenas de los Resguardos, figura que recuerda la “Encomienda colonial”, creada para someter a estas comunidades y reducirlos a la llamada “vida civilizada”.

   De otro lado, hoy en día existen en Colombia experiencias que sin lugar a dudas demuestran como muchas comunidades indígenas han adquirido la capacidad suficiente para asumir funciones y responsabilidades de gobiernos, muchas de ellas enclavadas en la Amazonía, superando de esa manera lastres que en sus propios pueblos han dejado siglos de sometimiento y humillación, de acuerdo con los planteamientos contenidos en la presentación de la referida inactiva por parte de su impulsor.

   Por ello el proyecto no solo tiene razones de orden constitucional y conveniencia política, sino que, se inspira en experiencias concretas que más allá de los razonamientos abstractos, demuestran que existen en el país comunidades indígenas con capacidad suficiente para asumir funciones de gobierno en sus territorios.

   El mismo recoge uno de los propósitos del Movimientos de Autoridades Indígenas en Colombia, que sus más de 25 años de existencia se ha caracterizado por la defensa del “Derecho Mayor”, entendido como un compendio de derechos fundamentales y colectivos que reivindican el territorio como fundamento de la vida comunitaria. Derechos que hacen de la protección de la vida y la diversidad en todas sus manifestaciones su propósito y ley fundamental.

  Sin embargo, en la actualidad son graves las amenazas que cada día empobrecen y degradan la diversidad de paisajes, regiones, culturas y ecosistemas que configuran la rica y compleja realidad colombiana, sin que el gobierno y sus instituciones tomen plena consciencia de ello.